VENTA DE VIVIENDA PUBLICA EN MADRID. NO SE PERMITE A ANTIFRAUDE INVESTIGAR
El dinero de todos
Hacienda impide que Antifraude investigue la venta de vivienda pública en Madrid a Goldman Sachs
Tras 12 meses, la Agencia Tributaria dice a la jueza que la asistencia técnica no es competencia suya y que deben ser otros peritos los que la asistan
Se investiga si hubo prevaricación y malversación en la venta de 2.900 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid que ahora controla una filial desde el paraíso fiscal de Delaware
La delegada de Hacienda, hermana del ministro de Justicia Rafael Catalá, esgrime que solo debe ofrecer inspectores para posibles delitos tributarios
Hacienda no está dispuesta a que la Oficina Antifraude (ONIF) investigue la venta de 2.900 viviendas protegidas al banco Goldman-Sachs, ahora controladas por una filial radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU).
La Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, se niega a que dos de sus inspectores analicen la documentación de la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción nº48 de Madrid por malversación de caudales públicos y prevaricación, según la contestación escrita que ha dado la Delegación Especial de Madrid y a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La AEAT contesta, tras doce meses, que la magistrada debería pedir la asistencia técnica en la Intervención General. La respuesta al requerimiento judicial –apoyado explícitamente por el fiscal– es que «se propone la posibilidad de acudir a la Intervención General del Estado» ya que, justifican, es el competente «en el seguimiento y control adecuado del uso de los recursos públicos». Es decir, dicen a la instructora Concepción Jerez García que este caso no es asunto suyo, que pida los peritos en otro lado.
La primera vez que el juzgado y la Fiscalía solicitaron los inspectores de la ONIF fue en octubre de 2015. El proceso de venta de estas 32 promociones del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a Goldman Sachs por 201 millones de euros ya fue criticado por la Cámara de Cuentas regional en noviembre del año pasado.
Entre otras cosas, ese informe afeó que el Instituto dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid no estableciera un «instrumento adecuado para asegurar el cumplimiento de la compradora de las obligaciones que exceden las de los promotores privados de vivienda pública».
Artículo de Raúl Rejón en El Diario.es
ver artículo completo en El Diario.es
